CORTE SUPREMA CONFIRMÓ FALLO DE CORTE DE IQUIQUE QUE RECHAZÓ RECURSO DE PROTECCIÓN POR SONDAJES DE AGUA EN COMUNIDAD AYMARA DE CHILE

   La Corte Suprema ratificó fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Iquique que -en diciembre de 2014- rechazó un recurso de protección presentado por miembros de la comunidad indígena de Lirima, ubicada en la comuna de Pica, en contra de trabajos de sondajes de agua realizados por la compañía minera Cerro Colorado.

   En fallo unánime, la Tercera Sala del máximo tribunal confirmó la sentencia que rechazó el recurso presentado por miembros de la familia Ticuna, en contra de las obras de sondajes realizadas al interior de la comunidad aymara de Lirima.

   El fallo del máximo tribunal establece que el recurso de protección no es la vía para reclamar supuestos derechos de la familia Ticuna, la única que se opone a las obras, las que cuenta con el respaldo de la Junta de Vecinos y la Comunidad Aymara de Lirima.

   "Que tal contienda, por su naturaleza, no es una materia que corresponda dilucidar por medio de la presente acción cautelar, ya que ésta no constituye una instancia de declaración de derechos sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende en situación de ser amparados, presupuesto que en la especie no concurre por cuanto lo que se persigue por los actores al accionar por esta vía es que se declare la existencia del derecho de dominio que refieren tener sobre los terrenos denominados "Pampa Lirima", por lo que el presente recurso de protección no está en condiciones de prosperar, sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder a la recurrente", sostiene el fallo.

   FALLOS CORTE SUPREMA Y CORTE DE IQUIQUE

   Fuente: Portal del Poder Judicial de Chile.

CORTE SUPREMA DE CHILE (SEGUNDA SALA) ACOGIÓ AMPARO PRESENTADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS POR DETENCIÓN DE MENORES DE LA ETNIA MAPUCHE

   La Segunda Sala de la Corte Suprema confirmó el amparo presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en favor de menores de origen mapuche de la comunidad de Lumaco Bajo, de la Región de Los Ríos, y que previamente fue acogido por la Corte de Apelaciones de Valdivia.

   La sentencia del tribunal de alzada consideró ilegal y arbitrario el actuar de Carabineros en un operativo que concluyó con la detención de dos menores de edad.

   "El desarrollo de los hechos se ajusta a lo expresado por los menores, de forma tal que también resultan verosímil la conducta desproporcionada de los funcionarios policiales en cuanto los niños fueron reducidos violentamente, encañonados y al menos uno de ellos esposado, para luego ser llevados a un recinto policial. Claramente esa conducta no se ajusta ni remotamente a la situación prevista en el artículo 58 de la ley 20.084, la que por lo demás no establece expresamente que puede procederse a la privación de libertad del menor en la hipótesis prevista, por el contrario ella indica que se han de tomar las medidas para restablecer el orden y la tranquilidad y protección a la víctima, no expresa que la única medida posible para obtener ese objetivo es detener al menor. El inciso segundo, refiere que el niño ha de ponerse a disposición del tribunal de familia, lo que tampoco importa detención. Luego precisa que el niño puede ser entregado a sus padres o guardadores cuando la infracción es menor, en este caso se le ha imputado sólo a M.A. lanzar piedras, lo que constituye una falta de aquellas posibles de sancionar a los mayores de 14 años – artículo 496 N°26– por ende, dicha disposición no resultaba aplicable en la especie, ni aún respecto de M.A. Tal situación torna ilegal la actuación policial al detener a los dos menores, sin existir motivo justificado y sin ampararse en norma legal", agrega el fallo del tribunal de alzada.

   Asimismo, continúa, "no puede desatenderse que en su actuar Carabineros estaba obligado a cumplir el protocolo diseñado por la propia institución, lo que no se hizo a cabalidad, es así como no se acreditó que personal femenino estuviera a cargo de la detención de los menores, tal como se indica en el apartado "Desalojo frente a ocupación o usurpación de inmueble" –fojas 153– presencia que tampoco se advierte en las fotografías acompañadas por la recurrida. Tampoco se dio cumplimiento a lo destacado en el apartado "Detención de manifestantes menores de edad (niños niñas y adolescentes) específicamente en lo referente a niños indígenas –fojas 158– que por una parte los obliga a "considerar que en las comunidades indígenas los niños están presente junto a los adultos en todas las actividades" y por otra a priorizar la asistencia de un experto en cosmovisión indígena, cuando resulte necesario el uso de la fuerza. Esto último, ubica a los agentes del Estado en la obligación de apegar sus conductas a una situación de especial consideración, no sólo por la menor edad del sujeto respecto del cual ha de ejercer su función, sino también de su condición cultural diversa, lo que obliga a un estándar superior –por su calidad de menor– y distinto –por su etnicidad– en la conducta policial, lo que no se advirtió en el procedimiento desplegado (…) resulta preciso mencionar que el actuar de carabineros y cualquier otra fuerza de seguridad a cargo de mantener el orden público, no debe exceder el uso de sus facultades de modo tal que sea su conducta la que provoque un estado de hostilidad al punto que incite el desorden público, pues ello resulta contrario al objetivo de su participación social. En la especie no puede despreciarse la situación particular de haberse aplicado al sector un particular sistema de control personal –cuya legalidad no se discutió en esta causa– consistente en control de identidad y registro de bolsos y ropas, situación a la que no está –ni debiera estar– acostumbrado ningún ciudadano. Lo anterior obliga a revisar y redefinir el plan de acción en el cumplimiento de sus obligaciones".

   SENTENCIA DE CORTE SUPREMA Y FALLO DE CORTE DE VALDIVIA

   Fuente: Portal del Poder Judicial de Chile.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEL PARAGUAY RECHAZÓ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEY QUE ORDENA PROCEDIMIENTO PARA DEVOLUCIÓN DE TIERRAS AL PUEBLO SAWHOYAMAXA

   La Corte Suprema paraguaya conoció de la acción de inconstitucionalidad promovida por las empresas ocupantes de los territorios a restituirse (Roswell Company S.A. y Kansol S.A. del empresario alemán Heribert Roedel) en contra de la ley 5194 de 2014 que regula la restitución de territorios a los Sawhoyamaxa, actores que aducían la vulneración de principios constitucionales de protección de la propiedad privada. Al respecto, la Corte decidió que la cuestionada ley no vulnera principio constitucional alguno, agregando que la figura de la expropiación está prevista en la Constitución.

   Entre otros argumentos, se menciona que “…la propiedad privada se ha formado sobre las propiedades comunitarias de los pueblos antiguos y es por ello que el reconocimiento constitucional de los ´pueblos indígenas como preexistentes al Estado Paraguayo´ es de naturaleza declarativa y no constitutiva, por cuanto las mismas (comunidades indígenas), existen mucho antes que la vigencia legal de las tierras en términos de ´propiedad´. Sin embargo, la declaración constitucional permite que hoy las tierras vuelvan al estado anterior de sus poseedores originarios, bajo las reglas de la ´propiedad comunitaria´”. Esto es, puede sostenerse cierta primacía de la propiedad comunitaria por sobre la propiedad privada.

   La importancia práctica de la decisión de la Corte, estriba en que a partir de ahora podrá continuarse con el mandato de la ley 5194, reafirmada su constitucionalidad, a objeto que continúe el proceso de expropiación prevista para ser transferidas a la comunidad Sawhoyamaxa las 14.404 hectáreas que componen los terrenos objeto de las acciones a través del Instituto Paraguayo del Indígena, INDI. Pero entendido el fallo como precedente, puede tener proyecciones insospechadas.

   Entre los antecedentes previos que cabe hacer presente, figura que desde 1991 la comunidad Sawhoyamaxa inició de una manera más estructurada la recuperación de lo que consideraba sus tierras mediante reivindicaciones territoriales formales que no habían sido satisfechas. En 2001, el pueblo Sawhoyamaxa denunció al Estado del Paraguay ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación de una serie de derechos y de garantías ancestrales, y en vista de los antecedentes reunidos por la Comisión, en 2005 sometió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que decidiera las demandas de la Comunidad. Es así como la CIDH falló en 2006 en contra del Estado paraguayo, condenándolo entre otros rubros, a la restitución de las tierras tradicionales de la Comunidad, a la formación de un fondo de desarrollo comunitario y otras medidas reparativas y asistenciales a favor de sus miembros.

   Ya en 2009, la Corte Suprema de Justicia del Paraguay debió resolver una acción de inconstitucionalidad en contra de la sentencia de la CIDH intentada por las empresas actualmente ocupantes de los territorios a restituir, solicitud rechazada “in limine” por el Alto Tribunal.

   De este modo, se llegó a la dictación de la ley 5.194, que “…declara de interés social y expropia a favor del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), para su posterior adjudicación a la comunidad indígena Sawhoyamaxa del pueblo Enxet, las Fincas N°s 16.784, Padrón N° 12.936 y 16.786, Padrón N° 12.935, ambas del Distrito de Pozo Colorado, Departamento de Presidente Hayes, Chaco, perteneciente a las firmas Roswell y Cia. y Kansol S. A.”, misma ley que fue cuestionada en sede constitucional y cuya sentencia de rechazo de la inconstitucionalidad fuera dictada en octubre de 2014.

   A continuación, se ofrece un dossier relativo a este caso, consistente en el fallo de la Corte Suprema del Paraguay que rechazó la acción de inconstitucionalidad contra la ley 5194; el texto de la ley 5194 de 2014; la sentencia de la misma Corte que desestimó la inconstitucionalidad impetrada de 2009 contra la decisión de la CIDH de 2006; y la sentencia de la CIDH de 2006 favorable a la Comunidad Sawhoyamaxa.

   SENTENCIA CORTE QUE RECHAZÓ INCONSTITUCIONALIDAD LEY 5194

   LEY 5194

   FALLO CSJ DE 2009 SOBRE ACCIÓN INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA SENTENCIA CIDH

   FALLO CIDH DE 2006

   Fuentes: Corte Suprema de Justicia del Paraguay, Poder Legislativo de la República del Paraguay, Tierra Viva del Paraguay, Corte Interamericana de Derechos Humanos.

CORTE SUPREMA DE CHILE RATIFICÓ UNÁNIMEMENTE FALLO DE LA CORTE DE TEMUCO QUE ACOGIÓ RECURSO DE AMPARO EN FAVOR DE ESCOLARES MAPUCHE

   La Corte Suprema confirmó, en todas sus partes y sin modificaciones, fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco que acogió un recurso de amparo presentado en contra de Carabineros por un operativo policial de Carabineros de Malleco del pasado 22 de mayo de 2014, en una escuela de la comunidad mapuche de Temucuicui.

   Sostuvo el fallo que: "Que el personal de Carabineros de Chile es una institución entrenada profesionalmente para controlar multitudes que alteren el orden público de cualquier forma, para lo cual tiene la facultad de utilizar diversos medios disuasivos, de los cuales se debe servir en forma racional y proporcional a la situación que en cada caso se vean expuesto a controlar, y cumpliendo los protocolos respectivos que han sido dictados por la institución. En este caso, el medio disuasivo utilizado contra los atacantes desconocidos que agredieron al personal policial fue el uso de gases químicos, sin considerar que en las cercanías del lugar existía un establecimiento educacional, claramente identificable, y que atendido el día y hora de los hechos, jueves 22 de mayo en horas de la mañana, era posible prever que en su interior se encontraban menores de edad".

   La resolución agrega: "En la utilización de disuasivos químicos con el objeto de restablecer el orden público el día 22 de mayo de 2014 Carabineros no dio cumplimiento al protocolo existente para tal efecto, el cual rola a fojas 80 de autos. De la lectura del mismo es posible concluir que el personal policial, antes de utilizar los disuasivos químicos, tenía como obligación, entre otras que se señalan, la de verificar las condiciones del viento, realizar advertencias a los infractores con el fin de dar a conocer a todo el entorno acerca de la situación mediante el uso de altavoces, y finalmente, respetar restricciones frente al entorno, señalándose expresamente como ejemplo a hospitales, colegios, jardines infantiles, etc.".

   Además, se determinó "Que en estas condiciones, el rigor desplegado por la policía para enfrentar a un grupo de atacantes desconocidos, tiene como limitación el no provocar un mayor mal que el estrictamente necesario para dar cumplimiento a su obligación de restablecer el orden público. En este caso los recurridos excedieron dicho límite afectando derechos y garantías de los amparados. Dichas actuaciones provocaron un evidente detrimento a la libertad personal y seguridad individual de los niños y niñas individualizados en el recurso, quienes, según da cuenta informe de fojas 127 y siguientes, vivieron la situación con temor, rabia incertidumbre y vulnerabilidad, encontrándose expuestos frecuentemente, casi como rutina diaria, a la posibilidad de sufrir allanamientos como el descrito en autos, lo que provoca en ellos una naturalización de los hechos que puede llegar a ocultar el daño individual del que puedan ser víctimas, y por ende sufrir una afectación psicológica que autoriza a esta Corte para dictar las medidas conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados, como lo dispone la carta fundamental".

   SENTENCIA CORTE SUPREMA Y TEXTO ÍNTEGRO FALLO CORTE DE APELACIONES DE TEMUCO

   Fuente: Portal del Poder Judicial de Chile.

CORTE DE APELACIONES DE CONCEPCIÓN ACOGIÓ RECURSO DE AMPARO PRESENTADO POR COMUNEROS MAPUCHE CONTRA CARABINEROS DE CHILE DE LA PREFECTURA DE ARAUCO. SE CONTEMPLARON MEDIDAS

   Los tres comuneros mapuches  fueron heridos por bala e internados en el Hospital Regional, y Carabineros concurrió a un operativo policial el sábado 19 de julio pasado, hasta el cruce Collico, sector Huentelolén, comuna de Cañete, alertados de la comisión de un supuesto hurto de madera en el lugar.

   En fallo unánime, la Sexta Sala del Tribunal de Alzada consideró que el procedimiento policial fue efectuado "sin orden de entrada y registro, sin orden de detención y en ausencia de un parte policial que dé cuenta de estos hechos", en los que resultaron heridos los comuneros: Julio Iván Sánchez Huenchuleo, César Alexis Millanao Huenul y Osvaldo Ñehuey Machacán.

   Se agrega: "tampoco hay constancia de la comisión del algún ilícito por parte de los amparados por lo que el uso excesivo, por parte del contingente policial, de la fuerza de las armas para dar cumplimiento a una labor policial fue absolutamente desproporcionada, excediendo sus facultades… en estas condiciones, la violencia desplegada por la policía, excedió el marco de lo aceptable con lo cual afectó derechos y garantías de terceros. Dichas actuaciones provocaron un evidente detrimento a la libertad personal y seguridad individual de los comuneros afectados, que autoriza a la magistratura dictar las medidas conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados, como lo dispone el artículo 21 de la Constitución Política de la República".

   Junto con acogerse el recurso de amparo, los antecedentes fueron derivados al Ministerio Público, y comunicado lo resuelto al general de Carabineros de la Octava Zona Bío Bío, con el fin de que instruya los sumarios administrativos correspondientes.

   TEXTO COMPLETO DE LA SENTENCIA

   Fuente: Portal del Poder Judicial de Chile.

CORTE DE IQUIQUE (CHILE) RECHAZÓ UNÁNIMEMENTE RECURSO INTERPUESTO POR COMUNIDADES AIMARAS CONTRA PROYECTO MINERO “OBRAS DE PROTECCIÓN DE CAUCE CMCC” DE LA COMPAÑÍA CERRO COLORADO

   "La Comisión descartó en la evaluación ambiental un impacto que implicara la localización próxima a población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser afectadas, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar. El proyecto se ubicará al interior de la ADI "Jiwasa Oraje", y a gran distancia de las comunidades indígenas del sector, por lo que no se verán afectadas por las obras. En el área no existen recursos protegidos susceptibles de ser afectados. Tampoco existen en el sector áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares susceptibles de ser afectados", sostiene el fallo. Agrega la resolución que también se descartó un impacto que implicara la alteración significativa, en términos de magnitud o duración del valor paisajístico o turístico de la zona. En el área de las obras del proyecto no existen zonas con dicho valor (…) también se descartó un impacto que implicara la alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural. Al efecto la requirente presentó un informe arqueológico que da cuenta de un sitio correspondiente a terrazas de cultivo a una distancia aproximada de 800 metros y una estructura simple sin relleno y planta rectangular de 4,2 metros, emplazado a 700 metros aproximados del área del proyecto, sitios que serán resguardados por lo que no les afectarán las obras del proyecto.

   Según lo establece el artículo 6 del Convenio N° 169 de la OIT, el trámite de la Consulta Indígena procede respecto de aquellas medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar directamente a Pueblos Indígenas interesados. En el caso del proyecto materia del recurso, según los antecedentes, fue presentado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) por intermedio de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), por estimar la empresa requirente que no presentaba los efectos o características señaladas en el artículo 11 de la Ley 19.300, respecto de Grupos Humanos, Comunidades o Pueblos Indígenas, descartando con ello la posibilidad de afectar directamente a pueblos indígenas, lo que fue corroborado por los servicios públicos que intervinieron  en la evaluación del proyecto, ya que en caso contrario el SEA Tarapacá se encontraba legalmente obligado a proponer el rechazo de éste y exigir que se evaluara mediante un Estudio de Impacto Ambiental que hiciera procedente un Proceso de Consulta Indígena (PCI)".

   Por lo que se concluye que  "los recurrentes sostienen que los territorios donde se emplazan las obras del proyecto impugnado han sido utilizados ancestralmente, se encuentran dentro de un área de Desarrollo Indígena y que hay huellas troperas sobre las cuales se están construyendo los gaviones, pero no se acreditó en modo alguno la existencia de las referidas huellas. También se debe tener presente que el ADI no es un área protegida per se, según se desprende del artículo 11 de la Ley 19.300, y en atención a la naturaleza de las obras que se pretenden llevar a cabo con el proyecto denominado "Obras de Protección de Cauce CMCC", presentado por la Compañía Minera Cerro Colorado, resulta claro que el mismo sólo requería una Declaración de Impacto Ambiental, sin que resultara procedente el Proceso de Consulta Indígena, como lo pretenden los recurrentes, lo cual lleva necesariamente a concluir que en el caso sub lite no existió arbitrariedad de la autoridad administrativa, ni tampoco ilegalidad, en la dictación de la Resolución Exenta N° 54, desde el momento en que su actuar se ciñó a las normas establecidas en la Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente y en la Ley 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos".

   TEXTO COMPLETO DEL FALLO DE LA CORTE DE IQUIQUE

   Fuente: Poder Judicial de Chile

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CONDENÓ AL ESTADO DE CHILE POR LA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN LOS CASOS DE LOS COMUNEROS MAPUCHE, ENTRE LOS QUE SE CUENTAN A PASCUAL PICHÚN Y ANICETO NORÍN, POR HECHOS ACAECIDOS EN 2001 Y 2002

   Se trató del caso “Norín Catrimán y Otros Vs. Chile”, iniciado el día 07 de agosto de 2011 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

   En sentencia dictada este 29 de julio de 2014 por la citada Corte, con disidencia, se condenó al Estado chileno por la violación del principio de legalidad y del derecho a la presunción de inocencia, del principio de igualdad y no discriminación y del derecho a la igual protección de la ley, violación a garantías judiciales, al derecho a la libertad personal, libertad de pensamiento, etc., en perjuicio de ocho comuneros mapuche, que a su vez fueron condenados por los Tribunales como autores de delitos terroristas en los términos de la ley 18.314.

   Los hechos acaecieron en 2001 y 2002, por los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió el Estado de Chile medidas de reparación tendientes a que se dejen sin efecto las condenas, tratamientos médicos, indemnizaciones, etc.  

   A continuación, el Comunicado de Prensa de la Corte, que contiene una apretada síntesis de lo decidido. También, el texto íntegro del Fallo ya someramente comentado.

   COMUNICADO DE PRENSA

   TEXTO ÍNTEGRO SENTENCIA CORTE INTERAMERICANA

   Fuente: Corte Interamericana de Derechos Humanos