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Lo dijo el Relator Especial sobre los derechos de los
pueblos indígenas de la ONU, James Anaya. Asimismo, exigió
al Estado Argentino que “suspendan todos los actos procesales o
administrativos de desalojo de comunidades indígenas” así como la
"demarcación y el reconocimiento legal" de sus territorios ya que
existe allí una “grave inseguridad jurídica".
El Relator Especial sobre los derechos de los pueblos
indígenas de Naciones Unidas, James Anaya, presentó su informe sobre la
situación actual de los pueblos indígenas en el país y sostuvo que “persiste
una brecha entre el marco normativo establecido en materia indígena y su
implementación real”.
Ello más allá de reconocer que el Estado “ha realizado
pasos importantes para reconocer los derechos de los pueblos indígenas en el
país”. No obstante consignó también la existencia en el país de una “grave
inseguridad jurídica de tierras indígenas”.
”La grave inseguridad jurídica de tierras indígenas se
ha reflejado en el alto número de desalojos de comunidades indígenas. La
mayoría de estos desalojos han sido producto de órdenes judiciales de
tribunales provinciales en donde se acusa a miembros de pueblos indígenas de
usurpación”, explicó Anaya en el informe.
Por ello, realizó el llamado a que se “suspendan todos
los actos procesales o administrativos de desalojo de comunidades indígenas
hasta que se realice el proceso de relevamiento técnico-jurídico de las tierras
ocupadas por pueblos indígenas”.
Además instó al Estado a “adoptar medidas para
prevenir, investigar y sancionar los actos de violencia, las amenazas e
intimidaciones contra los miembros de pueblos indígenas, tanto por parte de
funcionarios como de particulares”.
En referencia a los emprendimientos agropecuarios y de
desarrollo de industrias extractivas en territorios ancestrales, el Relator
afirma que “se deben llevar a cabo consultas con las comunidades que puedan
verse afectadas” con el objetivo de obtener “su consentimiento libre, previo e
informado sobre los aspectos de estos proyectos que afecten sus derechos
humanos”.
Asimismo, “se deben tomar medidas adecuadas de
mitigación de impactos, reparación y justa compensación a las comunidades
indígenas afectadas por los daños ambientales y a la salud ocasionados por los
proyectos agropecuarios y extractivos existentes, con el fin de desarrollar
nuevos procesos de consulta”.
El documento, que releva la información reunida por
Anaya durante su última visita oficial a nuestro país entre el 27 de noviembre
y el 7 de diciembre de 2011, fue presentado a través de una videoconferencia,
ya que Anaya se encontraba en Suiza, y realizada en la sede que la ONU posee en
la Capital Federal.
Opiniones
Desde el Centro de Estudios Sociales y Legales (Cels)
se pronunciaron con respecto al informe. Diego Morales, director del área de
Derechos Económicos Sociales y Culturales del CELS, explicó que “el informe del
Relator cobra especial relevancia en un contexto en el que distintas comunidades
indígenas de nuestro país son sometidas a continuos desalojos de sus tierras,
como la comunidad diaguita de Indio Colalao la semana pasada en Tucumán”.
Asimismo, destacó que el informe “contempla aristas
comunes que presentan los diversos conflictos por las tierras indígenas; como
la cesión de tierras tradicionales a particulares por parte del Estado, la
ocupación de territorios por familias criollas que desarrollan actividades
económicas que afectan el modo de vida de las comunidades que sucede en provincias
como Formosa y Salta, y la ausencia de delimitación y titulación completa del
territorio”.
Por su parte, el diputado Nacional Jorge Cardelli
(Proyecto Sur), destacó la importancia del informe ya que “la situación de
ciertas poblaciones en Formosa, Neuquén y Salta es tan crítica y con tan pocas
respuestas del Ejecutivo Nacional que se deben agotar todas las instancias
internacionales para poder encontrar una resolución, y que se hagan efectivos
estos derechos".
Cardelli, presentó un proyecto de Ley para detener los
desalojos en los que se ven hostigadas las comunidades originarias y los
pequeños campesinos que se encuentra en el Congreso de la Nación.
Dju
Fuente: Diario Judicial Argentino
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