CORTE SUPREMA DE CHILE ACOGE RECURSO DE PROTECCIÓN DE COMUNIDAD LAFKENCHE POR ESPACIO COSTERO MARINO EN LOS LAGOS (Fallo de 13 de Diciembre de 2012)

La Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por la comunidad mapuche huilliche Folil Trincao, en contra de resolución tomada por la Comisión Regional de uso del Borde Costero (Crubc) de Los Lagos, en sesiones de 16 abril y 19 de junio pasados. En fallo unánime (causa rol 7544-2012), los ministros de la Tercera Sala del máximo tribunal Sergio Muñoz, Héctor Carreño, Pedro Pierry, María Eugenia Sandoval y el abogado integrante Emilio Pfeffer, determina el actuar arbitrario del organismo al no considerar la opinión de comunidad lafkenche. “Las ilegalidades en las que ha incurrido la recurrida al pronunciarse sobre la solicitud de Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios, en las sesiones llevadas a cabo los días 16 de abril y 19 de junio del presente año, se traducen en una discriminación arbitraria que afecta el derecho fundamental de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, porque desconoce que a la comunidad indígena recurrente debe dársele el mismo trato que al resto de las comunidades que presentan similares solicitudes, quienes obtienen un pronunciamiento de las respectivas Comisiones Regionales del Uso del Borde Costero estrictamente apegado a la Ley N° 20.249”, sostiene el fallo. La resolución agrega: “Por consiguiente, al resultar indispensable que se concluya el procedimiento administrativo iniciado con la solicitud de Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios a través de un pronunciamiento válido, en el cual se expliciten las razones que lleven a la Comisión a aprobar, modificar o rechazar la solicitud presentada, rigiéndose estrictamente por los requisitos establecidos en la Ley N° 20.249, esta Corte dispondrá las medidas que se señalarán en lo dispositivo del fallo al efecto”. Por lo tanto, se ordena, “Que acorde con lo que se ha reflexionado precedentemente, el recurso debe ser acogido. Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, se revoca la sentencia de veinticinco de septiembre del año dos mil doce, escrita a fojas 250, se declara que se acoge el recurso de protección deducido en lo principal de fojas 44 y en consecuencia se deja sin efecto: A.- El acuerdo tomado por la Comisión Regional de Uso de Borde Costero en la sesión de 16 de abril de 2012 y la Resolución Exenta N° 735 de 27 de abril de 2012. B.- El acuerdo adoptado por la Comisión Regional de Uso de Borde Costero en la sesión de 19 de junio de 2012 y la Resolución Exenta N° 2062 de 28 de junio de 2012. Por tanto, el Presidente de la aludida Comisión adoptará las medidas necesarias para citar a una nueva sesión a sus miembros a fin de llevar a cabo una nueva votación respecto de la solicitud de Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios, “Trincao 1 a 10”, absteniéndose de considerar estudios o proyectos que no se encuentren vigentes conforme ha sido referido en el motivo sexto”.

Ver fallo (PDF) Fuente: Portal del Poder Judicial de Chile

CORTE SUPREMA DE CHILE ANULÓ PARCIALMENTE JUICIO CONTRA COMUNEROS MAPUCHE (Fallo de 24 de Octubre de 2012)

La Corte Suprema  acogió parcialmente los recursos de nulidad presentados en juicio que condenó a Daniel Levinao Montoya y Paulino Levipán Coyán, a las penas de 10 años y un día de presidio por el delito de homicidio frustrado de Carabineros, y 541 días por porte ilegal de arma de fuego, ilícitos perpetrados en la comuna de Ercilla, en noviembre de 2011. En fallo unánime (causa rol 6613-2012), los ministros de la Segunda  Sala del máximo tribunal Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Juan Escobar (suplente) y el abogado integrante Jorge Lagos, acogieron las causales esgrimidas en los recursos que fueron presentados en contra del fallo que dictó el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol, del 13 de agosto pasado. Para el caso de Levinao Montoya, la sala penal determinó actuar de oficio y anular la sentencia dictada en su contra por el delito de homicidio frustrado del general de Carabineros Iván Bezmalinovic, ordenando la realización de un nuevo juicio oral, atendida la falta de fundamentación del fallo del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol.  “De la lectura del fallo sometido al escrutinio de estos juzgadores se advierte que el tribunal incurrió en una efectiva falta de fundamentos, al tiempo de discernir sobre la concurrencia del dolo homicida. En efecto, en el párrafo antepenúltimo del considerando décimo octavo, los juzgadores afirman que de la prueba analizada se infiere que “el autor del disparo obró con dolo directo, ya que las circunstancias y forma de comisión nos refieren que en la acción empleada por el acusado sabía o, lo menos podía prever sus fatales consecuencias.” En el acápite siguiente, señalan que “… al señalar el tribunal que en el actuar del acusado hubo dolo directo, solo se está significando que disparar a una persona de frente, a una distancia aproximadamente de 6 metros, con una pistola, deja a cualquier persona, en este caso al acusado, a lo menos en condiciones de representarse, individualmente, el resultado que provocaría esta lesión, de haberse ejecutado correctamente el disparo, de esta forma el tribunal configura el elemento subjetivo”. Esto mismo ya se había adelantado en las páginas 88 vuelta y 89 del fallo en estudio, siempre explicándose que el acusado Levinao huía, separándose de un grupo mayor y que en esas condiciones primero disparó contra el helicóptero que se le aproximaba y más tarde, se volteó y disparó contra el sujeto que lo seguía –que resultó ser Bezmalinovic- donde el tribunal destaca que lo hizo de frente y a una distancia aproximada de seis metros y que a “dicho acto no se le puede atribuir ninguna otra intencionalidad, sino la de dolo directo de matar”. Esta última frase, extraída de solo dos elementos de hecho: distancia de tiro y apuntar de frente, encierra una conclusión que no es posible en los términos de la sana crítica, porque no es unívoca y porque además, ha prescindido del resto de los elementos de contexto que el mismo tribunal fijó como hechos del proceso: la huida de Levinao y que escasos minutos antes de enfrentar a Bezmalinovic, corría desarmado. En el escenario completo, así descrito y fijado por los mismos jueces del tribunal oral, la conclusión apoyada sólo en el hecho de haber disparado de frente y a una distancia cercana a los seis metros, además de no estar enmarcada en la realidad fáctica íntegra del proceso, no se ajusta a los parámetros que señalan la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. En idénticas circunstancias de distancia y posición, dispara también un sujeto que sólo quiere lesionar a alguien. Sería preciso saber adónde apuntó y ese dato no está consignado en el proceso. De hecho, en otras secciones del fallo, consta que se pretendió apoyar un ánimo de matar en los encapuchados que dispararon al bus que iba en la caravana, por la existencia de una marca de bala en el ángulo próximo a la ubicación de la cabeza del conductor e incluso respecto de Levipán, porque las heridas de perdigón de Canario y Fuentes estaban en sus rostros. Si el tribunal fijó como contexto que Levinao huía desarmado y que recibió una pistola de Levipán cuando aquél quedó enredado en una cerca, que siguió corriendo y trató de repeler el helicóptero que se le acercaba y que aun así siguió arrancando hasta que Bezmalinovic le dio alcance, momento en que se voltea y le dispara –efectivamente de frente (porque se volteó) y a 6 metros de distancia- incurren en falta de fundamentos los jueces del tribunal cuando omiten tales extremos del hecho, por ellos mismos establecidos, al tiempo de razonar sobre la intención del agente, como asimismo, no resulta conforme con las máximas de la experiencia y las reglas de la lógica, la afirmación de que lo inspiraba la intención de matar a Bezmalinovic. Esta conclusión, que no es unívoca tampoco, configura infracción a los artículos 297 y 342 letra c) del Código Procesal Penal y, en consecuencia, constituye la causal absoluta de nulidad del artículo 374 letra e) de ese mismo cuerpo normativo, que será declarada de oficio por esta Corte, atendida la facultad prevista en el artículo 379 inciso segundo del código citado”, dice la resolución. Respecto del delito de porte ilegal de arma de fuego, se determinó mantener la condena de 541 días de presidio. En cuanto al imputado Levipán Coyán, se determinó acoger el recurso de nulidad por el delito de homicidio frustrado de Carabineros y se dictó sentencia de remplazo, determinando una pena de 3 años de presidio menor en su grado medio por el delito de maltrato de obra a Carabineros en servicio. “En consecuencia, son hechos establecidos en el proceso que Paulino Levipán en conjunto con otros sujetos disparó contra personal de carabineros mientras procuraban despejar el camino que ellos previamente habrían obstaculizado; que el referido Levipán mantenía en su poder una escopeta hechiza y una pistola (que arrojó a Daniel Levinao); que los funcionarios de carabineros Rubén Canario y Juan Fuentes recibieron impactos de perdigón en sus rostros; que el primero sufrió heridas que le causaron incapacidad entre 30 a 40 días, en tanto que Fuentes sufrió una lesión que sanó en 5 días. Es efectivo, como aduce la defensa que al tiempo de calificar algunas de estas circunstancias en relación al dolo, los jueces del tribunal oral incurrieron en una grave contradicción, puesto que tanto dijeron que Levipán habría tenido la intención de dar muerte a carabineros, pero en una acción que resultó frustrada, como dijeron más adelante que en su actuar hubo al menos dolo eventual, porque tendría que haberse representado el resultado de su conducta. No es posible que en la tipificación de un delito tan grave, no haya precisión en la determinación del dolo con que actuó el agente y no obstante ello, constituye efectivamente un error de derecho, afirmar que pueda cometerse un delito de homicidio -con sujeto calificado, además-, sólo en grado de frustración con dolo eventual, que se ve excluido por la exigencia del dolo de consumar. Tratándose del dolo en el delito frustrado, no hay diferencias sustanciales con la tentativa, en la que el agente debe ejecutar actos directamente encaminados a la consumación, esto es, actuar con dolo directo, lo que es plenamente aplicable al delito frustrado. Así fue también resuelto en la sentencia de esta Corte rol N° 1719-07, citada por la defensa de Levipán. El artículo 416 del Código de Justicia Militar sanciona al “que matare a un carabinero que se encontrare en el ejercicio de sus funciones”. En la especie, no existe discusión sobre el hecho que los funcionarios estaban en ejercicio de sus funciones, asunto del que se hicieron cargo los jueces del tribunal. Sin embargo, los hechos que se han tenido por establecidos no son idóneos para calificar el dolo con que actuó el imputado como dolo homicida, puesto que si bien es cierto que los impactos se producen en el rostro de las víctimas, el arma empleada por Levipán era una escopeta hechiza y, por ende, por un lado carecía de seguridad de tiro y, por otro, dispersaba perdigones los que se diseminan aún más según la distancia a que se hace el disparo. No es este por lo tanto un elemento que permita calificar sin más la intención del agente como ánimo de matar. Tampoco lo es, el lugar donde se encontraron las marcas de tiro en los vehículos, ya que los mismos jueces dejaron establecido en el razonamiento décimo sexto, que Levipán no disparó contra los vehículos. Sólo queda como argumento para discernir el propósito del agente, la circunstancia de haberse creado una ventaja estratégica por la posición originada a consecuencia de los cortes de árboles y que detuvo la caravana de vehículos, obligando a los uniformados a bajar para remover los obstáculos ubicados por los encapuchados. Tales elementos, sin embargo, no son idóneos ni suficientes para calificar el ánimo del agente como el de matar a una persona, sino tan sólo el de lesionar. En estas circunstancias, resulta ser cierta la denuncia de la defensa de Levipán, de haberse aplicado el artículo 416 del Código de Justicia Militar en un caso que no era procedente, de modo que esta causal será acogida por tal motivo, siendo innecesario emitir pronunciamiento por el otro motivo explicitado, por resultar incompatible con lo resuelto”, determina la resolución. En la sentencia de reemplazo dictada se señala frente a este delito: “Que el hecho que se ha tenido por establecido en el razonamiento décimo reproducido, encuentra correcta calificación en el delito de maltrato de obra a carabineros que se encontrare en el ejercicio de sus funciones previsto y sancionado en el artículo 416 bis N° 2 del Código de Justicia Militar, con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. En efecto, los hechos del proceso y que han sido determinados por los jueces del tribunal oral sólo permiten calificar la intención del acusado como dolo de lesionar a los funcionarios de que se trata, teniendo particularmente en consideración que el diseño estratégico al que ellos mismos aluden, a través de varios cortes e incluso una zanja cavada en el camino, parece tener por objeto detener una caravana que conduce obreros de las empresas forestales y no el matar a tales uniformados”. Además, se mantuvo la condena contra Levipán Coyán de 541 días por el delito de porte ilegal de arma de fuego. Al  imputado se le otorgó el beneficio de la remisión condicional de la pena y se ordenó su puesta en libertad una vez que se notifique de la sentencia al tribunal de primera instancia.

Ver video de comunicación de sentencia  Ver fallo (PDF)

Fuente: Portal del Poder Judicial de Chile

CORTE DE TEMUCO ACOGE RECURSO DE PROTECCIÓN A FAVOR DE IMPUTADOS MAPUCHE EN HUELGA DE HAMBRE (Fallo de 12 de Octubre de 2012)

La Corte de Apelaciones de Temuco acogió el recurso de protección presentado por el director regional de Gendarmería de La Araucanía, a favor de Daniel Levinao, Rodrigo Montoya, Erick Montoya y Paulino Levipán, imputados privados de libertad en el Centro de Privación Preventiva de Angol, quienes se encuentran en huelga de hambre líquida desde el 27 de agosto del año en curso a la fecha. En el fallo dictado el viernes 12 de octubre, la sala integrada por la ministra Cecilia Aravena, la fiscal judicial Tatiana Román y el abogado integrante Manuel Contreras Lagos, resolvió acoger la acción cautelar “sólo en cuanto se autoriza a ese Servicio para que adopte las medidas conducentes para internar en caso de urgencia a los huelguistas don Daniel Bernardo Levinao Montoya, don Rodrigo Alexis Montoya Melinao, don Erick Maximiliano Montoya Montoya y don Paulino Javier Levipán Coyán en un centro hospitalario, con el objeto de que se les entregue una total y completa atención médica en el resguardo de la salud de esas personas hasta su completo restablecimiento, sin perjuicio de que se haga uso de las demás facultades que le confiere a ese Servicio su Ley Orgánica y Reglamento institucional, en cuanto a la alimentación de ellas de forma tal de asegurarles sus vidas y sus integridades físicas”. En su razonamiento, los magistrados sostienen que “el fundamento del arbitrio entablado es la conducta de los internos referidos en el libelo en cuanto éstos mantienen en el tiempo una huelga de hambre líquida que amenaza en forma grave sus vidas y su integridad física, garantías contempladas en el artículo 19 Nº 1 de la Carta Fundamental (…) Que dicho comportamiento constituye una perturbación y amenaza grave contra sus vidas y un atentado a sus integridades físicas, conducta que es arbitraria, pues no hay razón que la justifique, cualquiera sea el motivo que la causa, y es ilegal ya que no existe norma legal que permita ese actuar (…) Que frente a esos hechos Gendarmería tiene la obligación legal de velar por el cuidado de las personas que están privadas de su libertad en los recintos que administra, cuidado que conlleva preocupación por sus vidas y su integridad física y, por otro lado, el mencionado Servicio no puede soportar la carga que significa ese comportamiento indebido de los imputados mencionados, sin caer en un incumplimiento grave de sus obligaciones”.

Ver texto íntegro del fallo (PDF)

 Fuente: Portal del Poder Judicial de Chile

CORTE SUPREMA DE CHILE REVOCA SENTENCIA Y ACOGE RECURSO DE PROTECCIÓN POR OCUPACIÓN DE TERRENOS EN TIRÚA, POR NO TENER EL CARÁCTER DE INDÍGENAS Y RESULTAR IMPROCEDENTE LA AUTOTUTELA (Fallo de 02 de Octubre de 2012)

a Corte Suprema acogió recurso de protección presentado por el propietario de un terreno en la zona de Puerto Choque, en Tirúa, en contra de los integrantes de una familia mapuche que mantienen una ocupación del predio.

En fallo unánime (causa rol 5860-2012), los ministros de la Tercera Sala del máximo tribunal -Sergio Muñoz, Pedro Pierry, Rosa Egnem, Juan Escobar (suplente) y el abogado integrante Jorge Baraona- acogieron la acción cautelar presentada por el agricultor José Salazar Romero cuyos terrenos están ocupados desde hace varias semanas.

La sentencia determina que los terrenos que se reclaman no son de carácter indígena y, por lo tanto, no se puede recurrir a la autotutela  para reclamar la propiedad de ellos.

“Que en el caso concreto habrá de establecerse que los terrenos sobre los que los recurridos exponen ejercen sus derecho de propiedad no han sido calificados como indígenas. En efecto, tratándose de un concepto jurídico con contenido antropológico, el artículo 12 de la Ley N° 19.253 ha previsto requisitos jurídicos y de hecho que deben concurrir copulativamente para otorgar la calidad de tierra indígena a un determinado territorio. Así, el mencionado precepto dispone que son tierras indígenas aquellas que las personas o comunidades indígenas actualmente ocupan en propiedad o posesión proveniente de ciertos títulos mencionados en la ley. Que en este contexto el denominado “ejercicio del derecho de propiedad” que han desarrollado del predio de José Iván Salazar Romero los recurrentes no encuentra reconocimiento en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, pues no existe norma alguna en los mismos que habilite a conjunto alguno de personas para por sí mismos alterar y vulnerar derechos pre constituidos, pues aceptar ello es validar la autotutela, medio de resolución de conflictos relevantes jurídicamente proscrito en nuestro sistema jurídico procesal”, dice el fallo.

La resolución agrega: “En razón de lo concluido, el acto realizado por los recurridos consistente en una ocupación del terreno de propiedad del recurrido importa y constituye una acción ilegal de autotutela pues a través de una vía de hecho se altera y lesiona una situación preexistente sin que exista habilitación legal o judicial para ello, debiendo en consecuencia ser calificada como arbitraria y atentatoria de la garantía cautelada en el artículo 19 Nº 24° de la Constitución Política de la República. Al respecto cabe consignar que la legislación contempla las acciones y procedimientos adecuados para obtener judicialmente el reconocimiento de tierra indígena del inmueble en cuestión, y mientras ellos no sean ejercidos no resulta lícito proceder como se ha hecho, ello pues el proceso, en tanto exclusión de la autotuleta cumple dos objetivos: por un lado la satisfacción de los intereses subjetivos de los involucrados; y por otro, la actuación del derecho objetivo para mantener la observancia de la ley”.

Razonamientos que llevan a la sala a ordenar cesar la ocupación. “Y de conformidad además con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se revoca la sentencia apelada de dieciocho de julio de dos mil doce, escrita a fojas 62, y se acoge el recurso de protección deducido en lo principal de la presentación de fojas 4, debiendo los recurridos cesar en la ocupación del inmueble propiedad del recurrente, sin costas”.

 Ver fallos de Corte de Concepción y Corte Suprema de Chile (PDF)

Fuente: Portal del Poder Judicial de Chile

CORTE DE PUERTO MONTT RECHAZA RECURSO DE PROTECCIÓN DE COMUNIDAD INDÍGENA POR USO DE BORDE COSTERO (Fallo de 25 de Septiembre de 2012)

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt rechazó un recurso de protección presentado por la Comunidad Mapuche Huilliche Folil Trincao en contra de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC), por no acceder a las solicitudes de uso especial de 10 zonas de la comuna de Quellón.

En el fallo (causa rol 161-2012), los ministros Jorge Ebensperger, Leopoldo Vera y el abogado integrante Mauricio Cárdenas, rechazaron la acción cautelar por considera que no hubo actuar ilegal en la resolución que sólo otorgó acceso a 3 de las 10 zonas solicitadas por la comunidad de acuerdo a la Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO).

“Que, conforme al mérito de los documentos acompañados, aparece que el acuerdo adoptado en sesión de fecha 19 de junio de 2012, materializado en Resolución Exenta N°2062, tuvo un procedimiento previo, legalmente tramitado, en que se cumplieron cada uno de los requisitos establecidos en los artículos 7 y 8 de la ley 20.249, ya que conforme consta a fojas 99 y siguientes la Subsecretaría de Pesca emitió informe técnico respecto de la sobreposición de la solicitud de Espacio Costero con concesiones de acuicultura, marítimas o áreas de manejo otorgadas a titulares distintos del solicitante, luego a fojas 62 y siguientes rola oficio N°700 de CONADI en que se remite informe respecto del uso consuetudinario del sector, asimismo a fojas 33 y siguientes rola oficio de CONADI respecto de la consulta a las comunidades indígenas próximas al Espacio Costero Marino solicitado, siendo desde este punto de vista el actuar del recurrido plenamente legal”, dice el fallo.

La resolución agrega: “Asimismo, y conforme se desprende de lo dispuesto en el artículo 8 inciso décimo y undécimo de la ley 20.249, la actuación de la recurrida al dicta la Resolución Exenta N°2062 de fecha 28 de junio de 2012 que rechaza parcialmente el recurso de reclamación de los recurrentes, se enmarca dentro de sus facultades, pues ésta no sólo puede rechazar la solicitud en cuestión sino que además proponer modificaciones; rechazo parcial que por lo demás, según se desprende de la Sesión de fecha 19 de junio de 2012 ( fojas 142 ), materializado en la indicada Resolución Exenta N°2062 (fojas 145) , fue objeto de análisis y discusión por parte de los miembros de la Comisión Regional de Usos del Borde Costero de la Región de Los Lagos, oyendo a los representantes de las Comunidades Indígenas, para luego proceder a la votación; decisión que goza en consecuencia de fundamento, y no siendo por tanto arbitrario su actuar”.

Además, se señala que “Respecto a la vulneración de la garantía del artículo 19 N°8 de la Constitución Política de la República esgrimida por el recurrente atendida la naturaleza de la misma, esta Corte estima que la Resolución Exenta N°2062, por sí misma no es apta para vulnerar derechos constitucionales, y teniendo además en consideración que la impugnación se basa exclusivamente en un infundado recelo del recurrente que con motivo de la indicada resolución exenta se podría producir aquella vulneración fundamental, puesto que para ello ocurra, supone una actividad, obra o proyecto efectivamente materializado, y que la supuesta contaminación sea además consecuencia de dicha resolución, cuestión que no se encuentra acreditada en la especie. Que, finalmente y conforme a los antecedentes no se vislumbra la existencia por parte de la recurrida, de algún acto arbitrario o ilegal que pueda haber ocasionado en el actor conculcación de las garantías constitucionales que esta acción resguarda y que amerite la intervención de esta Corte mediante el otorgamiento de providencias de emergencias, a fin de restablecer la legalidad quebrantada, por lo que el presente recurso será rechazado”.

Ver fallo (PDF)

Fuente: Portal del Poder Judicial de Chile

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS POR LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

La Comisión Interamericana de Derechos Humano realizó un llamado para “velar por el respeto y garantía de los derechos humanos de los pueblos indígenas”, "la protección de las tierras que han ocupado históricamente” y el “derecho a la consulta previa, libre e informada”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó un llamado “a velar por el respeto y garantía de los derechos humanos de los pueblos indígenas” y destacó que, en especial, se debe respetar “sus derechos a la protección de las tierras que han ocupado históricamente y los recursos naturales de esos territorios”.

El llamamiento del organismo internacional se da en el marco de la celebración, el 9 de agosto pasado, del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Desde la CIDH también expresaron la necesidad de que los estados miembros de la OEA respeten también “derecho a la consulta previa, libre e informada con respecto a las decisiones que puedan afectarlos”.

Desde la CIDH platearon su “preocupación” por “la situación de pobreza y pobreza extrema en la que se encuentra un alto porcentaje de la población indígena en el continente, expresada particularmente en la desnutrición crónica de niñas y niños indígenas”.

“La protección del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales es un asunto de especial importancia para la CIDH. Esto se debe a que el goce efectivo de este derecho implica no sólo la protección de una unidad económica sino de los derechos humanos de una colectividad que basa su desarrollo económico, social y cultural en la relación con la tierra”, destaca un comunicado difundido por la organización internacional.

“El goce efectivo del derecho a la propiedad comunal de los pueblos indígenas y tribales sobre las tierras que han usado y ocupado tradicionalmente, resulta fundamental que los Estados garanticen el derecho de los pueblos indígenas y tribales a la consulta previa, libre e informada con respecto a las medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarlos, implementada de acuerdo a sus costumbres y tradiciones”, añade el documento.

Asimismo, la CIDH “observa con preocupación los diversos conflictos sociales que surgen por intereses de terceros en los recursos naturales que se encuentran en territorios indígenas” ya que, para el organismo, estas situaciones “se encontrarían vinculadas a la falta de medidas adecuadas que permitan hacer efectivos los derechos de los pueblos indígenas”.

Por todo ello la CIDH llamó “a los Estados de las Américas a poner en vigencia mecanismos legales e institucionales que permitan proteger efectivamente los territorios y recursos naturales ocupados históricamente por los pueblos indígenas, a través del reconocimiento, titulación, demarcación y delimitación de tierras de su propiedad colectiva”.

Fuente: Diario Judicial de Argentina 

DENUNCIAN MASACRE DE UNOS 80 INDÍGENAS YANOMAMI EN AMAZONAS

Una organización que agrupa a indígenas Yanomami denunció la matanza en julio de unos 80 miembros de esta etnia a manos de mineros ilegales brasileños en una zona selvática de 

Amazonas, informó a la AFP su secretario ejecutivo, Luis Ahiwei.

"El 5 de julio, los garimpeiros (mineros ilegales) quemaron el shabono (choza circular) donde habitaban aproximadamente 80 personas", dijo Ahiwei, vocero de Horonami Organización Yanomami (HOY), destacando que los cuerpos quedaron "quemados" y "no se identificaron".

Según el activista, con un helicóptero los mineros "de repente se posicionaron encima del shabono y sonaron disparos y salieron explosiones por toda la comunidad" Irotatheri, ubicada en el alejado y selvático sector Momoi del estado Amazonas, fronterizo con Brasil.

La comunidad "fue masacrada", apuntó.

El conflicto se originó días antes, cuando los mineros "se llevaron una mujer (yanomami) y los indígenas la rescataron. Por eso los mineros se armaron", señaló Ahiwei.

HOY, que agrupa desde 2011 a un centenar de comunidades yanomami, denunció el presunto ataque ante la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y el Ejército, y solicitó a los gobiernos de Brasil y Venezuela crear una comisión binacional para investigar los hechos y expulsar a los mineros.

Las organizaciones indígenas del estado Amazonas (Coiam) lamentaron la situación y señalaron que desde 2009 han denunciado agresiones de garimpeiros contra las comunidades yanomami, que habrían sido víctimas de violencia física, amenazas, secuestro de mujeres y contaminación de agua con mercurio, según un comunicado.

Bandas de garimpeiros proliferan en las minas artesanales de oro y diamantes ubicadas en los recónditos y poco custodiados parajes del sur de Venezuela.

Fuente: Canal de Televisión Globovision de Venezuela

Chile. EL MINISTRO DE SALUD SE REUNIÓ CON MACHIS Y LONKOS DE LA ARAUCANÍA PARA ELABORAR EL AUGE MAPUCHE

Ayer | Con cerca de 50 participantes, el ministro Jaime Mañalich se reunió con machis y otros representantes de la salud mapuche de la Araucanía y se acordó constituir una mesa de trabajo para diseñar una propuesta relativa al Auge Mapuche.

En la reunión se abordó el tema del Auge Mapuche.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, se reunió esta mañana con machis, componedores de huesos y otros representantes de la salud mapuche de La Araucanía, con el fin de conocer, desde su visión, cuáles son las enfermedades y tratamientos alternativos que se debieran incorporar en el Auge Mapuche, anunciado por el Presidente Sebastián Piñera, en la Cumbre Social sobre La Araucanía a principios de agosto.

En la reunión participaron cerca de 50 representantes mapuche, los que se manifestaron muy contentos porque "por primera vez eran considerados para la elaboración de una política sanitaria". En el encuentro se acordó constituir una mesa de trabajo para diseñar una propuesta en este tema y también ver de qué manera se van a arancelar las prestaciones otorgadas por las machis o los tratamientos o medicinas empleadas por ellas. 

"Cuando uno revisa la situación de epidemiología y salud pública, de los diferentes pueblos que componen nuestro país y sobre todo cuando va a un pueblo tan grande como el mapuche, se encuentra con que la forma de priorizar produce discriminación, porque algunas enfermedades más frecuentes en el pueblo mapuche no alcanzan a tener una consideración necesaria al momento de incorporarlas al Auge", indicó el ministro. 

Consultado por una fecha probable de la puesta en marcha del Auge Mapuche, el secretario de Estado afirmó que "nos gustaría que alguno de las medicamentos tradicionales o alguna de las patologías propias del pueblo mapuche estuvieran incorporadas en el decreto del Presidente en enero próximo y estamos trabajando lo más rápido que podemos para que eso ocurra".

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Fuente: Diario El Sur de Concepción, Chile

Colombia. MÁS DE 10.000 INDÍGENAS SE CONGREGAN EN EL CAUCA A LA ESPERA DE QUE SE REANUDE EL DIÁLOGO CON EL GOBIERNO

BOGOTÁ, 12 (EUROPA PRESS)

Más de 10.000 indígenas del departamento del Cauca, situado en el oeste de Colombia, se han reunido este sábado en el resguardo de La Marina, una emblemática propiedad colectiva para los indígenas, a la espera de que se reanude el diálogo con el Gobierno.

La portavoz del Comité Regional Indígena, Ayda Quilcue, ha señalado que, en las próximas horas, se fijará la fecha para la reunión con el Ejecutivo colombiano antes del martes, día en el que mantendrán un encuentro con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.

Los indígenas se manifestaron este viernes por las calles de Popayán, la capital departamental, sin inconvenientes, según ha constatado Quilcue, para exigir la pacificación de la región, frecuente escenario de los enfrentamientos entre el Ejército colombiano y los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La manifestación indígena se vio interrumpida por varios ataques perpetrados supuestamente por las FARC contra dos plantas eléctricas y un puente en el departamento del Cauca. El aumento de la actividad de las FARC en las últimas semanas ha motivado al presidente Santos ha enrocarse en su negativa a replegar a los militares de numerosas zonas del Cauca.

Tanto el Gobierno como los indígenas se han comprometido a alcanzar un acuerdo sobre la soberanía territorial y el respeto de sus derechos, después de que los indígenas desalojaran un puesto de control militar situado en la localidad montañosa de Toribío, en lo que supuso la acción más contundente realizada hasta ahora por el colectivo indígena en Colombia.

Informe de la ONU contra la Argentina: "PERSISTE UNA BRECHA ENTRE EL MARCO NORMATIVO EN MATERIA INDÍGENA Y SU IMPLEMENTACIÓN REAL"

I

El Relator Especial James Anaya, durante la visita a las comunidades Quintriqueo y Paichil Antriao de Villa La Angostura, en noviembre del año pasado. Foto: Télam

Lo dijo el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU, James Anaya. Asimismo, exigió al Estado Argentino que “suspendan todos los actos procesales o administrativos de desalojo de comunidades indígenas” así como la "demarcación y el reconocimiento legal" de sus territorios ya que existe allí una “grave inseguridad jurídica".

El Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas, James Anaya, presentó su informe sobre la situación actual de los pueblos indígenas en el país y sostuvo que “persiste una brecha entre el marco normativo establecido en materia indígena y su implementación real”.

Ello más allá de reconocer que el Estado “ha realizado pasos importantes para reconocer los derechos de los pueblos indígenas en el país”. No obstante consignó también la existencia en el país de una “grave inseguridad jurídica de tierras indígenas”.

”La grave inseguridad jurídica de tierras indígenas se ha reflejado en el alto número de desalojos de comunidades indígenas. La mayoría de estos desalojos han sido producto de órdenes judiciales de tribunales provinciales en donde se acusa a miembros de pueblos indígenas de usurpación”, explicó Anaya en el informe.

Por ello, realizó el llamado a que se “suspendan todos los actos procesales o administrativos de desalojo de comunidades indígenas hasta que se realice el proceso de relevamiento técnico-jurídico de las tierras ocupadas por pueblos indígenas”.

Además instó al Estado a “adoptar medidas para prevenir, investigar y sancionar los actos de violencia, las amenazas e intimidaciones contra los miembros de pueblos indígenas, tanto por parte de funcionarios como de particulares”.

En referencia a los emprendimientos agropecuarios y de desarrollo de industrias extractivas en territorios ancestrales, el Relator afirma que “se deben llevar a cabo consultas con las comunidades que puedan verse afectadas” con el objetivo de obtener “su consentimiento libre, previo e informado sobre los aspectos de estos proyectos que afecten sus derechos humanos”.

Asimismo, “se deben tomar medidas adecuadas de mitigación de impactos, reparación y justa compensación a las comunidades indígenas afectadas por los daños ambientales y a la salud ocasionados por los proyectos agropecuarios y extractivos existentes, con el fin de desarrollar nuevos procesos de consulta”.

El documento, que releva la información reunida por Anaya durante su última visita oficial a nuestro país entre el 27 de noviembre y el 7 de diciembre de 2011, fue presentado a través de una videoconferencia, ya que Anaya se encontraba en Suiza, y realizada en la sede que la ONU posee en la Capital Federal.

Opiniones

Desde el Centro de Estudios Sociales y Legales (Cels) se pronunciaron con respecto al informe. Diego Morales, director del área de Derechos Económicos Sociales y Culturales del CELS, explicó que “el informe del Relator cobra especial relevancia en un contexto en el que distintas comunidades indígenas de nuestro país son sometidas a continuos desalojos de sus tierras, como la comunidad diaguita de Indio Colalao la semana pasada en Tucumán”.

Asimismo, destacó que el informe “contempla aristas comunes que presentan los diversos conflictos por las tierras indígenas; como la cesión de tierras tradicionales a particulares por parte del Estado, la ocupación de territorios por familias criollas que desarrollan actividades económicas que afectan el modo de vida de las comunidades que sucede en provincias como Formosa y Salta, y la ausencia de delimitación y titulación completa del territorio”.

Por su parte, el diputado Nacional Jorge Cardelli (Proyecto Sur), destacó la importancia del informe ya que “la situación de ciertas poblaciones en Formosa, Neuquén y Salta es tan crítica y con tan pocas respuestas del Ejecutivo Nacional que se deben agotar todas las instancias internacionales para poder encontrar una resolución, y que se hagan efectivos estos derechos".

Cardelli, presentó un proyecto de Ley para detener los desalojos en los que se ven hostigadas las comunidades originarias y los pequeños campesinos que se encuentra en el Congreso de la Nación.

 Dju

Informe completo del Relator

Fuente: Diario Judicial Argentino

Situación de los pueblos indígenas en Argentina.- "LOS INDÍGENAS, ANTES CAZADORES, AHORA SON 'CAZADOS' POR LOS ESTANCIEROS"

Son palabras de Félix Diaz, lider Qom, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Allí se celebró una audiencia sobre la situación de los Pueblos Indígenas en el país. Los detalles y el audio completo de la audiencia.

En el marco del 144 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se realizó una audiencia pública sobre la situación de los Pueblos Indígenas en Argentina. Representantes de organizaciones no gubernamentales y del Estado Argentino estuvieron frente a los comisionados Rodrigo Escobar Gil, Felipe González y Rosa María Ortiz.

La audiencia comenzó con un saludo en mapuzumgun (lengua mapuche) realizado por Verónica Huilipan, del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi), y la palabra de un representante del Cels y de Felix Diaz, líder de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh- La Primavera.

Silvina Zimmerman, del Centro de Estudios Sociales y Legales (Cels), sostuvo que “los pueblos indígenas son un grupo relegado que sufren desventajas históricas” y explicó que “cuando realizan estrategias de defensa de sus territorios sufren la criminalización de la Justicia”.

“Pese a la obligación internacional de delimitar y titular las tierras esto no ha sido realizado” explicó y agregó que “se siguen produciendo desalojos, incluso ordenados por el Poder Judicial en contra de la ley 26.160”, ley que establece la emergencia territorial y suspende los desalojos.

Además, “las comunidades indígenas tienen que enfrentar la paradójica situación de que la Justicia los persigue acusándolos por el delito de usurpación en sus propias tierras”, consignó Zimmerman y ejemplificcó con el hecho de que en Neuquén y Río Negro hay cerca de 300 mapuches imputados y perseguidos por la Justicia Penal.

“No existe una norma de ninguna jerarquía que regule procedimientos de consulta y participación” explicó y agregó que de la reunión no participó nadie referente al INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), como un ejemplo de la actitud del Estado Argentino.

Félix Díaz, líder de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh- La Primavera, relató ante la CIDH los ataques padecidos por las comunidades por parte de quienes ocupan las tierras o explotan sus recursos. “Los indígenas nunca fuimos ladrones; todo lo contrario, somos el equilibrio de la naturaleza”, dijo y agregó que “los indígenas, que antes eran cazadores, ahora son ‘cazados’ por los estancieros”.

“Existe un vacío en las políticas públicas. De no ser así, no habría asesinatos, desalojos y violencia”, expresó la referente de la comunidad mapuche, Verónica Huilipan.

Por su parte, por el Estado argentino asistieron representantes de la Cancillería y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Javier Salgado y Andrea Gualde, quienes presentaron un informe que releva las políticas públicas implementadas desde 2003 para la situación de los pueblos indígenas en la Argentina.

En la actualidad se encuentran relevadas 305 comunidades y más de tres millones de tierras explicó Andrea Gualde. Respecto del acceso a la Justicia explico que en la propuesta de reformas al Códog Civil seiIncorporará de la propiedad indígena al Código Civil.

Los relatores les preguntaron, entre otras cosas, sobre la existencia o no de la consulta previa para los proyectos que afecten a las comunidades indígenas y la utilización de interpretes en las causas judiciales. “Internamente se asumió el convenio 169” pero “el derecho a la consulta no está reglamentado” explicó Verónica Huilipan. Mientras que el Estado no respondió en la audiencia y anunció que responderá por escrito.

“La situación que viven los miembros de los pueblos indígenas en la Argentina había sido motivo de preocupación por diversos organismos internacionales. En 2010 el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas llamó la atención por las violaciones a los derechos de esas comunidades, al igual que lo hizo al año siguiente el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

 A su vez, en 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares en favor de comunidades indígenas de Formosa y Neuquén, instando a que se garantice la vida, la integridad física y las prácticas religiosas tradicionales, sin amenazas, agresiones u hostigamientos por parte de las policías o particulares”, explica un comunica del CELS.

Fuente: Diario Judicial de Argentina  

Reforma constitucional. PRESENTAN INICIATIVA QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE PARTICIPACIÓN Y LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

 El proyecto de reforma constitucional, iniciado por moción de los diputados Arenas, Auth, Chahín, De Urresti,  Jaramillo, Meza, Monckeberg, Teillier, Tuma y  Vargas, expone que uno de los mayores desafíos que tiene el Estado y la Sociedad Chilena cuando cumplimos 200 años de vida republicana e independiente es hacerse cargo del conflicto ético, político, social y jurídico que surgió desde los orígenes con los Pueblos Indígenas de Chile. En tanto, “la única manera de superar los conflictos graves y profundos que socavan la convivencia de las naciones, es habilitando la memoria, recuperando la historia y adoptando las decisiones de reparación moral, jurídica, política y económica que corresponden en proporción al daño causado”, estacando los múltiples esfuerzos que se han realizado para la consecución de dichos fines.

Observa luego que, sin perjuicio de lo anterior “la agudización del conflicto mapuche ha demostrado de manera indesmentible la necesidad que tenemos como Estado de contar con un sistema político que asegure la presencia de representantes de las etnias en las instancias de decisión política y administrativa”.

Con el objeto de subsanar tal situación y llenar un vacío de nuestra legislación que aun no se adecua a los nuevos estándares de la Comunidad Jurídica Internacional en la materia, es que proponen realizar una serie de modificaciones en la Carta Fundamental, de manera tal que se establezca en forma expresa que "el Estado reconoce la existencia de los Pueblos Indígenas, descendientes y continuadores históricos de las sociedades prehispánicas que se desarrollaron en el territorio sobre el que actualmente ejerce soberanía”, donde será “deber del Estado garantizar la preservación de la diversidad étnico cultural de la nación, el ejercicio de la cultura y la identidad de los Pueblos Indígenas, con pleno respeto de la autonomía de sus miembros”, declarando asimismo que “el Estado reconoce y garantiza el ejercicio de los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas, su representación política y su participación efectiva en las decisiones que los distintos órganos de la Administración adopten” referidos a tales derechos.

En cuanto a su representación en la Cámara Baja, se generarían 10 miembros “que serán elegidos por los pueblos indígenas en elecciones simultáneas a las parlamentarias. Uno de ellos será electo por el pueblo Rapa Nui; cuatro por los pueblos Aymara, Quechua, Atacameño, Coya y Diaguita y cinco por el pueblo Mapuche, Kawashkar y Yámana, de conformidad a lo dispuesto en la ley orgánica constitucional respectiva”. En tanto, dichos representantes deberán además acreditar ser parte del Pueblo Indígena que se representa. En el mismo sentido, en el caso de su representación en la Cámara Alta, agregarían 4 senadores que serán electos por el pueblo indígena en elecciones simultáneas a las parlamentarias, renovando su mandato cada 4 años.

Por último, en los consejos regionales buscan introducir consejeros regionales representantes de los pueblos indígenas, con idénticas atribuciones a los demás consejeros, entre otras enmiendas que el proyecto de reforma constitucional consulta.

Fuente: Diario Constitucional de Chile

CORTE SUPREMA DE CHILE ORDENA NUEVA VISTA DE REVISIÓN CAUTELAR EN CASO DE COMUNEROS MAPUCHE, EN RELACIÓN CON RECURSO DE AMPARO INTERPUESTA POR ÉSTOS (Fallo de 19 de Julio de 2012)

La Corte Suprema ordenó a la Corte de Apelaciones de Temuco que realice una nueva vista de la resolución que ordenó la prisión preventiva de dos comuneros mapuches del sector de Chekenco.

En fallo de la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministro Milton Juica, Hugo Dolmetsch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito yJuan Escobar (suplente)- determinaron una nueva revisión de la acción cautelar presentada  por los comuneros Rodrigo  Melinao Licán y Héctor Melinao Neculpán.

La resolución determina que la Corte de Apelaciones de Temuco no fundamentó de manera suficiente su decisión de rechazar el recurso de amparo donde se impugnaba otra resolución del mismo tribunal de alzada que había ordenado la prisión preventiva de los dos imputados.

“Que aparece de manifiesto que la resolución impugnada por el presente recurso de amparo, revocatoria de la que denegó la prisión preventiva de los amparados disponiendo, de contrario, dicha medida cautelar, carece en absoluto de fundamentos, incurriendo en una contravención de lo dispuesto en el artículo 36 del Código Procesal Penal que exige al tribunal la fundamentación de las resoluciones que dictare, con la sola excepción de aquellas que se pronunciaren sobre cuestiones de mero trámite, cuyo no es el caso.
Que además, tratándose de la medida cautelar, como la decretada por la primera sala de la Corte de Apelaciones de Temuco, el ordenamiento jurídico es aún más evidente en la exigencia de fundamentación de la resolución en cuanto ésta debe expresar las razones que deban convencer a los justiciables sobre los requisitos para su procedencia, como se lee de las disposiciones contenidas en los artículos 140 y 143 del Código Procesal Penal, de modo que en el presente caso no se ha producido el debido examen de la cuestión debatida, de manera tal que la carencia de fundamentación al amparo de la norma torna en ilegal la privación de libertad que emana de ella”, dice el fallo.

Por lo tanto, se determina que “Se acoge el recurso de amparo deducido a fojas 1 a favor de Rodrigo Eliecer Melinao Licán y Héctor Eurelio Melinao Neculpán, sólo en cuanto se deja sin efecto la resolución que decretó la prisión preventiva de los amparados en audiencia de veintisiete de junio de dos mil doce y en su lugar se dispone que se proceda a una nueva vista de la causa por un tribunal no inhabilitado”.

 Ver fallo (PDF)

Fuente: Portal del Poder Judicial de Chile

CORTE SUPREMA DE CHILE RECHAZA RECURSO DE PROTECCIÓN DE COMUNIDAD MAPUCHE CONTRA INSTALACIÓN DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA (Fallo de 08 de Junio de 2012)

 La Corte Suprema rechazó un recurso de protección presentado por comunidades indígenas mapuches en contra de la instalación de una línea de transmisión eléctrica, entre las comunas de Melipeuco y Freire, en la Región de La Araucanía.

En fallo unánime (causa rol 1602-2012), los ministros de la Tercera Sala del máximo tribunal Sergio Muñoz, Héctor Carreño, Pedro Pierry, Sonia Araneda y María Eugenia Sandoval, revocaron la determinación de la Corte de Apelaciones de Temuco, la que había acogido la acción presentada por las comunidades de Tragen Mapu.

La sentencia determina que no existe infracción a la ley al no realizar las consultas a las comunidades indígenas de acuerdo al Convenio 169 de la OIT, ya que el proyecto no se emplazará en terrenos ancestrales, sino que se aprovechará el tendido eléctrico de una línea férrea en desuso.

“Que las comunidades recurrentes pertenecen a la comuna de Freire, en la cual el tendido eléctrico ocupa, como se indicó, el ex ramal ferroviario de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, empresa a cuyo favor se encuentran inscritas las propiedades que afectará el proyecto eléctrico en la comuna de Freire. En síntesis, se debe dejar asentado que el área de influencia del proyecto en la comuna de Freire –lugar en que están asentadas las únicas comunidades originarias que se oponen al proyecto- está representada por esta faja ferroviaria en desuso desde 1960 que recorre 54 kilómetros de longitud con un ancho de 20 metros aproximadamente desde la comuna de Freire a Cunco”, dice el fallo.

La resolución agrega que “también habrá de establecerse que los terrenos antes descritos no han sido calificados como indígenas. En efecto, tratándose de un concepto jurídico con contenido antropológico, el artículo 12 de la Ley N° 19.253 ha previsto requisitos jurídicos y de hecho que deben concurrir copulativamente para otorgar la calidad de tierra indígena a un determinado territorio. Así, el mencionado precepto dispone que son tierras indígenas aquellas que las personas o comunidades indígenas actualmente ocupan en propiedad o posesión proveniente de ciertos títulos mencionados en la ley. En estos autos jamás fue materia de discusión que la franja ferroviaria no tiene ocupación indígena actual y, por tanto, no pueden ser consideradas tierras indígenas en los términos que establece el citado 12 de la denominada Ley Indígena”.

Sobre la aplicación del Convenio 169 de la OIT, se sostiene: “En cuanto a la procedencia de la Consulta en los términos exigidos por el Convenio 169 de la OIT, es pertinente recordar que el artículo 6 N° 1 letra a) de ese instrumento dispone que ella procede respecto de los pueblos interesados tratándose de la adopción de medidas “susceptibles de afectarles directamente”. Y según se ha señalado precedentemente, los recurrentes no han explicitado razonablemente cómo les afectaría el proyecto calificado favorablemente por la autoridad ambiental recurrida. De ello se sigue que el reproche de ilegalidad fundado en la omisión de este deber de consulta dispuesto por el mencionado Convenio también ha de ser desestimado”.

Ver texto íntegro del fallo (PDF)

Fuente: Portal del Poder Judicial de Chile